"Se trata de una inversión productiva, nunca de un despilfarro, como pretende hacer creer la izquierda radical que confunde inversión con derroche", aseguró la pasada semana la alcaldesa, cargando las tintas contra la oposición. Sin embargo, las críticas que le hacían daño no provenían de los partidos de izquierda, sino de la patronal. "La ampliación no es necesaria en este momento y con esta crisis", aseguró el presidente de la Unión Hotelera de Valencia.
Desde el consistorio, el argumento a favor de la ampliación es que será el mismo Palacio de Congresos el que asumirá el coste de las obras. Pero las voces en contra recuerdan que para emprenderlas necesitará un aval del ayuntamiento por el 80% del total. Así que, si finalmente el nuevo edificio no genera beneficios serán los ciudadanos quienes asumirán el desembolso. En este sentido, existe un mal precedente: las administraciones valencianas gobernadas por el PP ya prometieron en el año 2008 que el circuito urbano de Fórmula 1 tendría un "coste cero" para la ciudadanía gracias al desarrollo urbanístico previsto para su entorno. La realidad, sin embargo, es que los 85 millones de euros que costó construirlo salieron de las arcas públicas.
